La aprobación del Registro de Abusadores Sexuales por parte de la Cámara de Diputados de Catamarca marca un paso importante en materia de transparencia, prevención y protección de las víctimas. Se trata de una herramienta largamente reclamada por distintos sectores de la sociedad y que puede convertirse en un aporte significativo para fortalecer las políticas públicas vinculadas a los delitos contra la integridad sexual.

Sin embargo, la sesión dejó una escena que difícilmente pase inadvertida para la opinión pública.

Uno de los legisladores que intervino para defender el proyecto y manifestarse como un firme impulsor de la iniciativa enfrenta una denuncia por presuntos hechos de abuso. Desde el punto de vista jurídico, toda persona goza del principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Ese principio debe respetarse sin excepciones. Pero la política también se mueve en el terreno de la credibilidad, la confianza y la coherencia ética.

Es allí donde aparece la contradicción que inevitablemente genera debate. ¿Puede un dirigente señalado por este tipo de acusaciones convertirse en la voz principal de una ley destinada a combatir precisamente esos delitos? La respuesta probablemente divida opiniones, pero la pregunta resulta tan válida como necesaria.

La creación del registro representa un punto de inflexión. No solo permitirá contar con información institucional sobre personas condenadas por delitos sexuales, sino que también envía un mensaje de mayor compromiso del Estado frente a una problemática que durante años fue invisibilizada o tratada con insuficiente profundidad.

La lucha contra el abuso sexual requiere mucho más que una ley. Exige prevención, educación, asistencia integral a las víctimas, una Justicia que actúe con celeridad y una dirigencia política capaz de sostener estándares éticos elevados. La confianza ciudadana se construye cuando las instituciones no solo legislan correctamente, sino cuando quienes las integran también transmiten coherencia entre sus discursos y sus conductas.

La Cámara dio un paso importante al aprobar esta herramienta. Ahora comienza el verdadero desafío: garantizar su aplicación efectiva, fortalecer el trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado y asegurar que ninguna sospecha, interés político o privilegio termine debilitando un objetivo que debería unir a toda la sociedad: la protección de las víctimas y la lucha frontal contra los delitos sexuales.